La Justicia de Mendoza condenó este jueves 24 de septiembre a 20 años de prisión a la exmonja japonesa Kumiko Kosaka por abusos sexuales contra alumnos sordos del ex Instituto Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo. La sentencia llega casi diez años después de que estallara uno de los mayores escándalos de abuso vinculados a la Iglesia católica en Argentina. Sin embargo, Kosaka no irá a prisión por ahora: seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme.
El Tribunal Penal Colegiado N.° 2, integrado por los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González, la declaró responsable de siete hechos de abuso sexual contra cinco víctimas menores de edad: en cuatro como autora y en tres como partícipe. Además, la inhabilitó por diez años, el máximo previsto por la ley, para realizar tareas de cuidado, guarda o educación de menores.
20 años de prisión
7 hechos de abuso sexual
5 víctimas hipoacúsicas
10 años inhabilitada para trabajar con menores
De la absolución a la condena
Kosaka había sido absuelta en octubre de 2023, junto con otras mujeres que trabajaban en el instituto, en el segundo gran juicio del caso, conocido como Próvolo II. En agosto de este año, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó esa absolución: consideró que el tribunal anterior había analizado las pruebas de forma fragmentada, en lugar de valorar el conjunto de los elementos reunidos en el debate. La Corte confirmó, en cambio, la absolución de las demás acusadas.
Con la culpabilidad ya establecida, el caso volvió a un tribunal de primera instancia solo para fijar la pena en el llamado juicio de cesura. La Fiscalía, encabezada por Alejandro Iturbide, y los abogados querellantes Sergio Salinas y Lucas Lecour habían pedido 22 años de prisión y la detención inmediata. La defensa sostuvo la inocencia de la exreligiosa y no pidió una pena concreta.
“Se hizo justicia por mi hija y por todas las víctimas”.— Familiar de una de las víctimas, tras conocerse la sentencia
Por qué seguirá en libertad
El tribunal tomó en cuenta que la sentencia todavía no está firme y que Kosaka ya pasó más de cinco años en prisión preventiva durante la investigación, entre el penal de Agua de las Avispas y distintos regímenes de detención domiciliaria. Ese tiempo se descontará de la pena.
Las condiciones que le impuso el tribunal
- Entregar su pasaporte y prohibición de salir del país.
- Prohibición de abandonar la provincia de Mendoza.
- Fijar domicilio en Mendoza (hasta ahora residía en Buenos Aires).
- Pagar una fianza de 15 millones de pesos.
Según el fiscal Iturbide, estas restricciones buscan evitar un posible intento de fuga. La defensa, a cargo de Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz, ya anunció que recurrirá el fallo ante la Suprema Corte provincial y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en los próximos días.
Un caso que conmocionó a Argentina
El caso Próvolo salió a la luz en noviembre de 2016, cuando comenzaron a investigarse denuncias de abusos sexuales y malos tratos contra niños y niñas hipoacúsicos que estudiaban y vivían como internos en el instituto religioso. Los hechos juzgados ocurrieron entre 2005 y 2016.
En el primer juicio, en 2019, fueron condenados los sacerdotes Horacio Corbacho, a 45 años, y Nicola Corradi, a 42 años; el jardinero Armando Gómez, a 18 años; y el exmonaguillo Jorge Bordón, a 10 años. Corradi murió en 2021. Esas condenas fueron confirmadas por la Suprema Corte mendocina y por la Corte Suprema de la Nación. Con la nueva sentencia, Kosaka se suma a la lista de exintegrantes del Próvolo condenados por los abusos.
Kosaka llegó a Argentina con su familia en 1977 y, con los años, se integró a la congregación que administraba el instituto, donde se desempeñaba como guía y cuidadora de las alumnas. Dejó los hábitos cuando comenzaron las denuncias.
Análisis ALDIA24/7
El fallo tiene un peso simbólico enorme: es la primera condena a una mujer en el caso Próvolo y corrige una absolución que las familias consideraban una deuda pendiente. Pero también deja una tensión evidente. Una pena de 20 años que no se ejecuta de inmediato vuelve a poner en la mesa el debate sobre los tiempos de la justicia en casos de abuso infantil, especialmente cuando las víctimas, en este caso niños sordos y en situación de extrema vulnerabilidad, llevan casi una década esperando una respuesta.
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