Francia vive este martes 6 de octubre una de las mayores movilizaciones estudiantiles de los últimos años. Las protestas, iniciadas a mediados de septiembre en liceos de la periferia de París, se extendieron a distintas ciudades del país y ya afectan o mantienen cerrados cerca de 900 establecimientos, según autoridades educativas. Los estudiantes reclaman más recursos, menos hacinamiento, reemplazo de profesores ausentes y mejores condiciones dentro de los centros.
La movilización dejó de ser exclusivamente estudiantil. Padres, docentes, sindicatos y universitarios se sumaron este martes a marchas en París, Marsella, Rennes, Clermont-Ferrand, Toulouse y otras ciudades. La CGT aseguró que había contabilizado más de 260.000 manifestantes fuera de París a primera hora de la tarde, una cifra sindical que todavía no equivale a un balance oficial nacional.
La respuesta policial también está bajo fuerte escrutinio. Se reporta más de 6.100 detenciones, en su mayoría por infracciones menores, desde que comenzó el movimiento, además del uso de gases lacrimógenos y proyectiles antidisturbios. Un caso especialmente grave —un adolescente de 15 años que perdió una mano tras la explosión de una granada policial— intensificó las críticas al dispositivo de seguridad. El Ministerio del Interior sostiene que el uso de la fuerza ha sido proporcional y señala que más de 700 agentes han resultado heridos.
Detrás de las barricadas hay un malestar más amplio. Jóvenes entrevistados hablan de aulas sobrecargadas, baños en mal estado, falta de personal sanitario, edificios sin calefacción suficiente y ansiedad por el sistema de admisión universitaria Parcoursup. El movimiento llega además cuando Francia entra en la antesala de la elección presidencial de 2027, lo que aumenta su dimensión política.
¿Una protesta educativa que el Gobierno puede contener o el inicio de una crisis social más profunda entre los jóvenes franceses?
